BANKIA PÚBLICA
Bajo control democrático y con finalidad social
El
Gobierno nacionalizó Bankia en mayo de 2012 para evitar que quebrara y, tras
salvarla con una enorme cantidad de dinero público, ha empezado a privatizarla.
La entidad reúne los depósitos y el negocio bancario de siete antiguas cajas de
ahorros: Caja Madrid, Bancaja, la Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa
Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja. El Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) ha vendido un 7,5% de las acciones que poseía, aunque sigue
siendo el accionista mayoritario, y su intención es desprenderse del resto de
las acciones que posee a lo largo de los próximos dos años. Afirman que el
objetivo es recuperar el dinero público empleado en evitar la quiebra de la
entidad y que, además, sería “la guinda” que mostraría que el sistema
financiero español está saneado, tal y como afirma nuestro ministro de
Economía, Luis de Guindos, dentro de la campaña general para convencernos de
que la economía está saliendo de la crisis y que, de ahora en adelante, todo
marchará viento en popa. Pero ¿quién gana y quién pierde con la privatización
de Bankia?
Privatizar es saltar de la
sartén al fuego
Nacionalizarla
ha costado 22.424 millones de euros con la entrada del Estado en el capital de
la entidad de la que se convierte accionista mayoritario. Sin embargo, las
ayudas públicas van más allá: ascienden a 147.810 millones hasta diciembre de
2013, en concepto de capital, avales, adquisición de activos del Sareb (el
“banco malo”), compra de títulos, créditos fiscales y préstamos del Banco
Central Europeo (BCE). Esa cantidad equivale casi a la mitad del presupuesto de
todas las administraciones públicas y la Seguridad Social, para 2013.
Bankia
dice que podrá ir devolviendo esas ayudas porque ya está teniendo ganancias. En
2013, sus beneficios netos han sido de 172 millones, según los datos entregados
en la Junta General de Accionistas del mes de marzo, que no coinciden con los
509 millones proclamados un mes antes. Dichos beneficios se basan en las ayudas
públicas, en ingresos por ventas que no se repetirán, en el expolio de los
preferentistas y en la reducción de las provisiones por riesgos, a pesar de que
estos últimos han aumentado. De hecho, la entidad cada vez tiene menos
depósitos y da menos crédito, su fuente principal de ingresos regulares.
En
otras palabras, la privatización ni garantizará que el Estado recupere el
dinero empleado en sanear bancas ni que se acaben las ayudas públicas, sino que
éstas seguirán siendo imprescindibles para que la entidad sea rentable para sus
accionistas.
Tampoco
se evitarán nuevos riesgos privatizándola, todo lo contrario. Ahora mismo, el
patrimonio neto de la entidad sin los activos fiscales —que sólo se convertirán
en dinero efectivo si en el futuro hay suficientes beneficios— es de 3.021
millones de euros, mientras su valor en Bolsa es de 18.554 millones de euros
(11 de marzo 2014). Semejante desfase entre su valor real y el que tiene en
Bolsa sólo augura futuras caídas en el precio de las acciones.
En
resumen: la entidad no está saneada y las ayudas públicas seguirán siendo imprescindibles.
¿Por qué debemos sostener con dinero público un negocio privado? La cuestión es
muy sencilla, si Bankia no es viable sin el apoyo público pues que sea
definitivamente pública. De esa forma, sí se podría sanear la entidad,
preservar los ahorros depositados y emplearlos de forma segura y beneficiosa
para el conjunto de la sociedad, y no en beneficio de una minoría de grandes
accionistas y gestores.
Si
permitimos la privatización de Bankia será como saltar de la sartén al fuego,
pues habremos desperdiciado una enorme cantidad de dinero público en beneficio
de los grandes accionistas de privados que acaben dominando la entidad, y no
evitaremos futuras crisis. Y, además, perderemos la oportunidad de poner una
parte de los ahorros de la sociedad al servicio de un verdadero desarrollo
social.
Claro
que no se trata ni de nacionalizarla para privatizarla, socializando pérdidas y
privatizando beneficios, como está haciendo el Gobierno, ni para volver a
cometer los mismos errores del pasado con las cajas, que actuaban como meros
bancos y sin un control democrático efectivo. Queremos una Bankia pública y
bajo control democrático real.
Una Banca pública, con finalidad social y bajo
control democrático
Por
todo eso, reclamamos la nacionalización definitiva y completa de
BFA-BANKIA. Así mismo, exigimos que
se detenga y se revierta el proceso de privatización del resto de entidades
nacionalizadas. Bankia, con dichas
nacionalizadas, debe constituir un banco
público de carácter estatal, cuya gestión esté participada por el Estado,
las comunidades y los ayuntamientos, bajo unas normas de gestión democráticas y
transparentes, vinculada a las políticas económicas y sociales de las
administraciones públicas. Esta medida posibilitaría que la gestión de los
ahorros de la sociedad depositados en estas entidades esté dirigida a la
atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios públicos
de calidad y suficientes, y la erradicación del desempleo. Este banco
público partirá de tres medidas fundamentales:
a) Tras la realización de la una auditoría
pública, realizada por técnicos de la administración no vinculados a las
entidades financieras privadas, se procederá a tomar las medidas necesarias
para sanear la entidad. Los primeros
en asumir las consecuencias de su situación deben ser los accionistas y
bonistas. Los siguientes, los acreedores. A partir de la información
suministrada por la auditoría se establecerá qué deuda devolver y qué deuda se
considera ilegítima y, por tanto, no se devolverá, forzando una quita de la
deuda. La devolución del resto se reestructurará de forma que no impida el
desarrollo de la sociedad.
b) Cese inmediato de los actuales directivos de
BFA-BANKIA. Se abrirá una investigación
judicial para depurar las responsabilidades de los directivos y grandes
accionistas de las entidades bancarias.
c) Se respaldarán las medidas legales oportunas para
defender los derechos de todos los pequeños accionistas forzosos que hayan sido
engañados en beneficio de las entidades financieras para que suscribieran
productos financieros de alto riesgo.
A partir de ahí, el banco se
dotará de una estructura de gestión y control democráticos, y se regirá por una
política de servicio público a la comunidad, fundada en 10 puntos básicos:
1 Elección democrática y transparente de
todos los integrantes de su consejo de administración, y limitación de los
salarios de todos los directivos al salario de un trabajador público
equivalente. Es inaceptable que en un banco público, su presidente y su primer
ejecutivo estén ganando 500.000 euros anuales cada uno. Incompatibilidad
para formar parte de la dirección si se ha formado parte de los consejos de
administración de otras entidades financieras durante los últimos 10 años.
2 Obligación de rendir cuentas anual y
públicamente, en los parlamentos de
las diferentes comunidades y central, en un lenguaje asequible para todos los
ciudadanos.
3 Su
gestión y control serán transparentes y participados por los sectores
sociales como fórmula para lograr la eficiencia y la lucha contra el fraude.
4 Cierre de las sucursales en paraísos
fiscales, como es el caso de Bankia. Se
establecerá un control efectivo del movimiento de capitales y se
intervendrán las sucursales o filiales de bancos españoles en paraísos
fiscales, a fin de evitar que las grandes fortunas eludan sus
responsabilidades fiscales y sociales.
5 El parque de viviendas vacías en manos de las
entidades que ahora constituyen el nuevo Banco Público que reúnan las características
adecuadas, así como las de la SAREB, pasará a engrosar un parque público de
viviendas, que se alquilarán a precios asequibles mediante una empresa
pública de alquiler. Así mismo, los suelos en manos de dichas entidades,
también se incorporarán al patrimonio público para su utilización con fines
dotacionales o de vivienda protegida.
6 Condonación de la deuda a todas las personas
desahuciadas por falta de recursos, aplicando la dación en pago con carácter
retroactivo. En los casos de familias que se vean amenazadas por el
desahucio por imposibilidad de pagar las cuotas de su vivienda, se les aplicará
la dación en pago incorporando la vivienda al parque público y podrán seguir
viviendo en ella a cambio de una renta asequible.
7 La entidad se vinculará también
a sus territorios,
pasando su actuación a estar coordinada con las diferentes administraciones,
incluidos los Ayuntamientos, formando parte de sus planes de desarrollo
económico y social. Su prioridad será que los ahorros de la sociedad se
gestionen en beneficio de la sociedad, con criterios de eficiencia económica y
social. La obra social de las antiguas cajas que crearon estos bancos, cuya utilidad social se acredite en un proceso en el que
participarán el conjunto de sindicatos y colectivos sociales, se incorporará
mediante un proceso adecuado a los servicios sociales de las diferentes
administraciones. Todas las participaciones en empresas de las entidades
financieras pasarán a manos públicas. Además, la banca pública sería el cauce
para la gestión del cobro de los impuestos, lo que abarataría sustancialmente
el proceso.
8 Actuará de prestamista para el sector público aplicando el mismo interés que se le
imponga desde el Banco Central Europeo, más un pequeño incremento para
cubrir los costes de gestión.
9 Detener los despidos de trabajadores y
trabajadoras, tanto de la parte
financiera como de su obra social y fundaciones. Es necesario defender los
puestos de trabajo, en condiciones dignas, además de que existan medios para
una atención adecuada a los impositores de la entidad. Los trabajadores de la
banca pública se incorporarían al sector público, como personal laboral, y se
regirían por el Estatuto Básico del Empleado Público.
10 Defensa
de unas plantillas en condiciones dignas
y acordes con las necesidades, así como del número de sucursales
necesarias, para una atención adecuada y evitar la exclusión financiera de las
familias más humildes.
Una
propuesta para el sector bancario
Ese sería el primer paso para una propuesta integral sobre el sector bancario. El conjunto del sector
ha necesitado enormes ayudas públicas, lo que ha tenido graves consecuencias
para el sector público cuya deuda también ha crecido alimentada por el rescate
bancario, lo que está suponiendo recortes del gasto social y nuevas
privatizaciones. Los bancos han recibido ayudas públicas en diferentes
conceptos —capital, avales, compra de títulos, esquemas de protección de
activos, adquisición de activos del Sareb, etcétera—por importe de 274.926
millones de euros. A ello se suman préstamos del BCE por un total de 357.293
millones. Gracias a ese respaldo público la banca privada ha evitado una
quiebra general.
Además, en la medida que el BCE tiene prohibido prestar a
los Estados, le han brindado una excelente fuente de financiación a los bancos
privados: tomar crédito del BCE al 1% y prestar a los gobiernos a un tipo de
interés muy superior. Una parte sustancial de los beneficios de la banca
española provienen ya de los diferentes títulos de deuda soberana que posee. En
el período 2000-2013, las Administraciones Públicas han abonado 141 mil
millones de euros más de gastos financieros que los que hubieran pagado
financiándose directamente desde el BCE. En 2013 hemos pagado de más, una cifra
similar a la que el Estado ha dedicado a prestaciones por desempleo, 29 mil
millones de euros.
Igual que la energía o el agua, por citar sólo dos
servicios básicos, la gestión del ahorro de la sociedad es vital y debe
transformarse en un servicio público, guiado por el interés social y con la
máxima transparencia, lo cual es incompatible el funcionamiento de un banco
privado, que implica que su único objetivo es el máximo beneficio para sus
accionistas, y que es fuente de especulación, falta de transparencia y crisis
recurrentes, cuyas consecuencias pagamos la mayoría de la sociedad. Por eso
hacemos una propuesta integral para el sector bancario, por la que pelear en
los próximos años, de la que la formación de una banca pública con las
entidades actualmente nacionalizadas sólo sería un primer paso y que se
fundaría en estas cuatro medidas:
1 Nacionalización
de forma integral y definitiva del resto de las cajas de ahorros y sus bancos participados,
a fin de convertirlos en el pilar central de una banca pública. Rechazamos la
política de sanear entidades con dinero público para posteriormente privatizarlas.
2 Las ayudas públicas que se hayan
facilitado al resto de entidades bancarias (incluidos los préstamos del BCE),
deben dar lugar a la participación del Estado en la propiedad de dichas
entidades y a la entrada de representantes públicos en los consejos de
administración de las mismas. Una medida que supondría la nacionalización del sector bancario
rescatado para constituir una verdadera banca pública,
controlada democráticamente y con una finalidad social, y que funcione de forma
coordinada a nivel estatal.
3 Realización
de una auditoría pública. No
se transferirá ni un solo euro público más a ninguna entidad hasta que se
complete una auditoría pública y transparente de las cuentas de todas
las entidades financieras españolas que permita establecer un plan de
saneamiento efectivo. La auditoría incluirá a las grandes empresas, dado que
ellas son las responsables de la mayor parte de la deuda. La auditoría la
realizará un organismo público formado por técnicos no vinculados a los órganos
directivos de las entidades financieras, bajo supervisión democrática y sus
resultados serán públicos y expuestos de forma asequible para todos los
ciudadanos; se crearán los cauces para que los impositores puedan manifestar su
opinión ante el hecho que de que estas entidades, que gestionan sus ahorros, se
vendieran a otras entidades privadas sin contar con su opinión. Esta
investigación ha de servir para establecer el estado real de los balances de
los bancos y grandes empresas, así como quiénes son los acreedores de dichas
deudas y quiénes se han beneficiado de la política de sobre endeudamiento
practicada durante los años de auge económico.
4 Decretar
una moratoria en el pago de la deuda. Hasta que no esté terminada la auditoría se
decretará una moratoria en el pago de la deuda pública, la cual también
tendrá que ser sometida a una auditoría por el mismo procedimiento y con los
mismos criterios que la realizada a las entidades financieras. Dicha auditoría permitiría qué deuda es
legítima y cuál no, sentando las bases para la aplicación de una quita forzosa que acabe con el
sobreendeudamiento de las Administraciones Públicas.
Plataforma por la Banca Pública, 22 de abril de
2014
