La
Audiencia Nacional ha admitido la querella contra los integrantes de los
consejos de administración de Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de
Ahorros (BFA), porque ve indicios de delito en su actuación. Esta medida da la
razón a quienes llevamos tiempo denunciando lo que estaba sucediendo en Bankia
(y en todo el sector financiero). Deben depurarse las responsabilidades
pertinentes de todos los que han capitaneado las entidades financieras, y
Bankia sólo debería ser el principio. Además, el juicio es una ocasión para
plantear una alternativa que resuelva el problema de raíz y evitar que vayamos
de crisis en crisis para que, al final,”paguen
el pato” los de siempre.
La
Plataforma denunció hace ya más de un año que la creación del BFA y de Bankia
era una operación desastrosa, que sólo perseguía la privatización y
bancarización definitiva de Caja Madrid y el resto de las cajas implicadas.
También
pusimos en evidencia que su salida a Bolsa se hacía con una información
contable que trataba de ocultar la realidad de la entidad, que ya entonces
estaba en una situación de quiebra (ver informe1). Los hechos han demostrado
que teníamos razón, pero la consultora privada que elaboró el informe,
Deloitte, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
dieron por buena la contabilidad de la entidad y permitieron su salida a Bolsa.
Sin su respaldo esta situación jamás se hubiera podido producir.
Igualmente,
hace meses denunciamos que BFA-Bankia tenía ayudas públicas del Estado por
importe de más de 30.000 millones y préstamos del Banco Central Europeo por
importe de 40.000 millones de euros. A esa enorme cantidad, se sumarán los
19.000 millones de euros pedidos por el nuevo Consejo de Administración.
Las
intenciones del gobierno actual, y del anterior, del Banco de España, y de las
sucesivas directivas de BFA-Bankia no es otra que la privatización de una
entidad que supone un 10% del sistema financiero estatal, con unos 165.000
millones de euros en depósitos de ciudadanos. Pero para que esta operación
saliese bien había que garantizar que las deudas incobrables acumuladas durante
años de especulación e inversión en proyectos ruinosos para la sociedad (aunque
muy rentables para unos pocos), se “saneasen” con dinero público.
Sin
embargo, el agujero en las cuentas de la entidad es de tal calado que no han
encontrado la forma de hacer eso discretamente. Han tenido que nacionalizar
parcialmente la entidad para evitar su quiebra y van a tener que seguir
inyectándole enormes sumas de dinero público si quieren sanearla
definitivamente. Y, claro, es muy difícil explicarle a millones de ciudadanos,
mayoritariamente trabajadores, que ven cómo la sanidad, la educación y los
servicios públicos se recortan drásticamente pero hay miles de millones para
los bancos.
Y,
como ha denunciado nuestra plataforma desde el primer día, la situación de
BFA-Bankia es, en lo fundamental, la de todo el sistema financiero que tiene
más deudas, tras años de especulación, que recursos para pagarlas y que si no
está definitivamente en quiebra es porque está recibiendo enormes sumas de
dinero público del Estado o del Banco Central Europeo. De hecho, al rescate a
Bankia le ha seguido el del conjunto del sector financiero. Todos los directivos
y grandes accionistas de los bancos y cajas deberían sentarse en el banquillo de
los acusados y asumir sus responsabilidades.
En
consecuencia, la Plataforma quiere manifestar en relación a BFA-Bankia lo
siguiente:
- Que
la Audiencia Nacional investigue hasta las últimas consecuencias la actuación
de los directivos de BFA-Bankia y de las entidades responsables de su
supervisión (Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores).
- Que
se reviertan todas las medidas legales que han abierto la puerta a la
privatización-bancarización de las Cajas, y que han alentado esta desastrosa
situación.
- Que
se proceda a la nacionalización integral y permanente de BFA-Bankia y de las
cajas que integrantes, para convertirlas en el primer banco de la nueva Banca
Pública. A la hora de efectuar la nacionalización se debe tener en cuenta tanto
el valor de mercado de la entidad como las deudas que acumula, para proteger
los intereses de los contribuyentes y de los impositores de la entidad. Los
primeros que deben hacer frente a las deudas de la entidad son sus accionistas.
No obstante, deben apoyarse todas las reclamaciones ante la justicia de
aquellos ciudadanos que han sido engañados para que adquirieran participaciones
preferentes y otros productos financieros de riesgo, para que puedan recuperar
su dinero.
- Que
se realice una auditoría por técnicos de la administración del Estado y del
Banco de España, que no hayan formado parte de los consejos de administración
de las entidades financieras, para que emitan un informe público y redactado de
forma entendible por toda la ciudadanía, que nos permita saber cuál es la
situación real de la entidad. La auditoría debería alcanzar a todas las
empresas integrantes del grupo BFA-Bankia, y a las grandes empresas
beneficiarias de créditos de la entidad. A partir de ahí, se puede establecer
qué deudas hay que pagar y que deuda debe ser considerada ilegítima, así como
la cuantía.
- Que
se paralicen todos los procesos de desahucios que afecten a familias con
dificultades para hacer frente al pago de su primera vivienda, integrando sus
viviendas en un parque público y que sigan viviendo en ellas a cambio de un
alquiler mensual acorde con sus posibilidades.
- Que
se condonen todas las deudas hipotecarias de familias desahuciadas, aplicando
la dación en pago con carácter retroactivo.
- Que
todo el parque de viviendas y suelo de la entidad se incorporen a un parque
público de vivienda en régimen exclusivo de alquiler a precios realmente
asequibles, que permita el cumplimiento del derecho a vivienda para todos.
- Que
todas las participaciones en empresas de la entidad se transformen en
participaciones públicas en las mismas, en compensación por las ayudas públicas
que está recibiendo la entidad, que, a su vez, dejaría de actuar como
accionista en empresas.
- Que
se intervengan todas las cuentas de entidades que formen parte del grupo
BFA-Bankia en paraísos fiscales, para su repatriación y posterior cierre. La
banca pública no podrá abrir sucursales en paraísos fiscales.
- Que
la entidad recupere su vinculación territorial, pasando su actuación a estar coordinada
con las diferentes administraciones, formando parte de sus planes de desarrollo
económico y social. Su prioridad será que los ahorros de la sociedad se
gestionen en beneficio de la sociedad, con criterios de eficiencia económica y
social. El desarrollo del sector público en todos los terrenos, desde los
servicios sociales a la industria, pasando por la sanidad y la educación, debe
ser constituirse en el motor decisivo para alcanzar el pleno empleo, digno y de
calidad, y para un desarrollo económico que no expolie y agote los recursos
naturales. Para ello es imprescindible una fuerte banca pública.
- Que
la Obra Social, cuya utilidad social quede acreditada, se incorpore mediante un
proceso adecuado a los servicios sociales de las diferentes administraciones.
- Que
se garanticen unas buenas condiciones a todos aquellos trabajadores y
trabajadoras que tengan domiciliada la nómina en la entidad.
- Que
se habilite una línea de crédito en una cuantía suficiente para pequeñas y
medianas empresas.
- Que
cese el despido de trabajadores y trabajadoras, tanto de la parte financieras
como de su Obra Social y fundaciones. Es necesario defender los puestos de
trabajo, en condiciones dignas, además de que existan medios para una atención
adecuada a los impositores de la entidad.
- Que
se establezca una nueva estructura de dirección realmente democrática a partir
de los siguientes criterios:
- Elección
democrática y transparente de todos los integrantes de la misma.
- Limitación
drástica de los salarios de todos los directivos al salario de un trabajador
público equivalente.
- Prohibición
de formar parte de la dirección a cualquier persona que haya formado parte de
los consejos de administración de otras entidades financieras durante los
últimos 10 años.
- Limitación
drástica de mandatos. Nadie podrá integrar los consejos de administración de la
entidades más de 4 años consecutivos.
- Obligación
de rendir cuentas anual y públicamente, en los parlamentos de las diferentes
comunidades y central, en un lenguaje accesible para todos los ciudadanos.
Finalmente,
la situación de Bankia no puede resolverse de forma aislada del resto del
sector financiero y del conjunto de la economía. Debe auditarse el conjunto del
sector financiero con los criterios que reclamamos para BFA-Bankia, y dejar de
tirar dinero público a un pozo sin fondo y sin contrapartidas reales.
El
conjunto de las antiguas cajas, que suponen la mitad del sistema financiero
estatal, deben ser nacionalizadas, no para volver a funcionar como lo hacían
las cajas y aún menos para sanearlas y luego regalárselas a los bancos
privados, sino para que funcionen como una verdadera banca pública, controlada
democráticamente y con una finalidad social.
La
banca privada no está mejor que las antiguas cajas y también está recibiendo
miles de millones de euros en ayudas, por lo que estas ayudas deben dar lugar a
la entrada de representantes públicos en sus órganos de gestión.
Las
medidas antes expuestas deben generalizarse al conjunto del sector financiero
puesto que, al fin y a la postre, lo que hace es administrar los ahorros de la
sociedad. Igual que no queremos dejar en manos privadas la gestión de la
sanidad o la educación, no podemos dejar en manos privadas la gestión de
nuestros ahorros, pues esta crisis ha demostrado que la gestión en busca del
“máximo interés privado” se acaba convirtiendo en el “máximo desastre social”.
Finalmente,
el caso de Bankia saca a relucir las equivocaciones de la propia izquierda
sindical y política cuando una mayoría de sus direcciones ha respaldado la
privatización de las cajas y la gestión de estos años pasados. Es necesario
depurar todas las responsabilidades y cambiar drásticamente de política.
Llamamos a todos los sindicatos y partidos de la izquierda, y al resto de los
movimientos sociales a que respalden, difundan estas propuestas y movilicen en
su apoyo, como parte imprescindible de una política alternativa a los recortes
de derechos que sufrimos.
